ATE Nacional y el ISSTATE denuncian que Macri garantiza el negocio millonario de la enfermedad y plantean un nuevo paradigma de prevención.
El decreto 669/2019 cambia el cálculo de intereses respecto del monto de las indemnizaciones fijadas por la ley de Riesgos del Trabajo, y trae aparejado su disminución. El Gobierno justificó la medida en los supuestos “incrementos desmedidos” que resultan del actual índice con el que se calculan las indemnizaciones.
Esto da cuenta de que, según la mirada del Gobierno, la inflación y las altas tasas de interés afectan más a las ARTs que a las/os trabajadores que han sufrido un grado de incapacidad. O aún peor, que han perdido la vida.
¿Pero cuál es el estado financiero de las ARTs? Por ejemplo, La Segunda que tiene el 7,5% del mercado tiene un patrimonio de 10 mil millones de pesos. En 2018, tuvo una ganancia de unos 517 millones. Y así podríamos analizar el resultado de las principales firmas con rendimientos similares.
Para los/as trabajadores que sufren accidentes laborales la situación es grave. Tener un grado de discapacidad los/as pone en inferioridad de condiciones para continuar con su tarea, y ni que hablar si debe conseguir nuevo empleo.
Es claro que la vara no es la misma: cuidar los intereses del sistema financiero sigue siendo una prioridad para el gobierno de Macri y todas las ARTs pertenecen a ese sistema. En este caso, ni siquiera se pone la excusa de cuidar a las PyMEs de lo que ellos denominan la industria del juicio. Por el contrario, esta medida traerá innumerables pedidos de inconstitucionalidad.
Lo de Macri parece así un ensañamiento de clase. Sus víctimas preferidas son los niños/as de los sectores más humildes, los jubilados, y ahora le agrega las/os trabajadores que se accidentan.
Hacia un nuevo paradigma
En tanto, la solución real no pasa por discutir montos de reparación de daños. Cualquier cifra será insuficiente para quien ha perdido parte de su salud o la vida misma. Por ello, desde ATE planteamos que la discusión de fondo es cómo se hace prevención.
En esta etapa democrática ningún Gobierno asumió esta discusión y es imperativo un instrumento que incluya en el debate a todos los actores sociales involucrados a nivel macro y por sectores. Se requieren reuniones mensuales, no sólo cada vez que quiere el Gobierno, como sucede con el actual Consejo Consultivo Permanente, creado por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Proponemos la conformación de comités mixtos resolutivos -no de consulta- y delegados o representantes sindicales de salud y seguridad en cada lugar de trabajo. La pseudo- capacitación que hacen las ARTs no resulta eficaz en absoluto, el estado debe tener la obligación de capacitar a todos los actores que integran los comités mixtos o delegados/as de prevención.
La enfermedad con origen o vinculada al trabajo está totalmente oculta para el sistema formal de riesgos del trabajo. En el 95% de los casos se recurre al hospital o la obra social y nuestro sistema imperante de diagnóstico y tratamiento no investiga ni vincula nuestras labores o el medio ambiente en el que vivimos como posible causa de enfermedad.
Sin conocer las causas es muy difícil prevenir. El paradigma debe cambiar por uno que privilegie la salud y no el negocio de la enfermedad.
Para ello, ratificamos que se debe derogar la ley Riesgos del Trabajo, crear un ente público no estatal de administración conjunta de trabajadores, empresarios y el Estado, que atienda las prestaciones médicas y dinerarias, y poner en marcha mecanismos de participación y decisión de las/los trabajadores como los descriptos anteriormente, tal como se planteó en el proyecto presentado en el año 2012 por el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro.
Para ATE, la muerte por el trabajo es un crimen y, en ese sentido, rescatamos y reivindicamos la experiencia uruguaya de ley 19.196 que establece la responsabilidad penal del empleador “cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud”, que ha contribuido a bajar significativamente la cantidad de accidentes en los lugares de trabajo.
En el caso particular de Argentina, se deben establecer penalidades específicas para los funcionarios/as de los gobiernos que incumplan con normas que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes trabajamos.
ORESTES BETO GALEANO HUGO GODOY
DIRECTOR ISSTATE SECRETARIO GENERAL ATE
Prensa ATE
