Con el 32,6 % de la población de la argentina en la pobreza, con el 6% en la indigencia, con una población económicamente activa que percibe un sueldo aproximadamente de 8.000$ que no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria, con un ajuste consistente en una escalada de despidos y un alza de precios que, lejos de detenerse, aumentan, y, sumado a ello, la pérdida del poder adquisitivo del salario y ofertas en paritarias a la baja, el Gobierno Nacional anunció recientemente la Cobertura Universal de Salud –CUS-. La iniciativa, plasmada en un decreto de necesidad y urgencia -DNU- se presenta como una solución para “asegurar” la salud a los más carenciados.
Pero… con la promesa mediante de mejoría para algunos, la iniciativa, confirma las diferencias de acceso a los servicios de salud según sea la capacidad de pago de cada persona. Se pretende transferir los fondos de salud a los sectores ligados a la especulación y el negocio de la enfermedad debilitando el rol del estado con las famosas recetas neoliberales del estado mínimo.
¿Qué es la CUS? “Es un seguro de salud destinado a las personas “sin cobertura” a través de una canasta de servicios –prestaciones- para determinadas patologías que pueden ser realizadas a través del sector público, o privado”
Ahora: en la argentina profunda, aproximadamente 15.700.000 –quince millones setecientos mil– personas no tienen cobertura alguna de salud. La República Argentina adhiere y contiene El pacto de San José de Costa Rica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y La Convención de los Derechos del Niño. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Es decir: En La República Argentina, el acceso a la salud es formal, universal y legalmente gratuito garantizado por rango constitucional.
Por lo tanto: SEGURO Y COBERTURA implican una relación contractual, no de derecho. Esto significa que los servicios podrían ser provistos por empresas privadas, mientras que el estado sólo interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regular su escasa legitimidad y transparencia sin descuidar la influencia de los sectores del negocio ligados a la enfermedad.
Financiación. El anuncio se sustenta en utilizar 29.000.000.000 $ –veintinueve mil millones- del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud –SSS-
De esos 29.000 millones de pesos. Solamente 8.000 millones de pesos pasarán a formar parte de un fondo que será administrado por una unidad ejecutora de la que participarán: 2 -dos- representantes del Ministerio de Salud de la Nación. 2 -dos- representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud– SSS– Y 2 -dos- de la CGT –socios del acuerdo-
En concreto. El financiamiento inicial. Un aporte de 8.000.000.000$ –ocho mil millones- que provienen del Fondo Solidario de Redistribución que será por única vez para luego transferir a las provincias y a los municipios su financiamiento. Descentralizar políticas sociales sin fondos.
En números reales, el aporte de 8.000 millones de pesos representa 510$ por año de esos 15.7 millones de habitantes sin cobertura social. Significan, unos 42$ por mes. Ello es un insignificante aporte ante tamaño anuncio que viene a presentarse como una gran solución al derecho de acceso a la salud.
ATE Santa Cruz
