En el proceso de cambios estructurales lanzado por el actual Gobierno Nacional, un objetivo central es la denominada “flexibilización laboral”, eufemismo utilizado para maquillar la eliminación lisa y llana de derechos y conquistas de los trabajadores. El Derecho del Trabajo no es más que un mínimo de derechos de los trabajadores, pudiendo siempre mejorarse esas condiciones de trabajo y salariales a través de la negociación colectiva.
Lo que oculta el modelo neoliberal del gobierno con este eufemismo es la intención de poner a los trabajadores en peores condiciones a las ya existentes.
Esos cambios peyorativos se pueden lograr por dos vías fundamentales: liberando las reglas de contratación individual y reglamentando fuertemente las relaciones colectivas de trabajo, al máximo de lo políticamente posible. ¿Cómo? dejando al trabajador sólo frente a su empleador, con la desigualdad que esta relación encierra, coartando la libertad sindical, reglamentando el derecho de huelga (poniendo condiciones y entorpeciendo su implementación), interfiriendo en la vida interna de los sindicatos, y lo que es más importante, obligando a negociar colectivamente en momentos de debilidad sindical, allí donde los convenios colectivos han logrado las mejores conquistas para sus representados.
Este último objetivo fue explícitamente mencionado por el Presidente al finalizar el año 2016, cuando se manifestó por la necesidad de “modificar todos los convenios colectivos ya que lo existentes debilitan los empleos actuales”, es decir, amenazando con despidos, tal cual hoy está ocurriendo, ante la mirada esquiva del Ministro de Trabajo, quien llama a “comprender al que tiene que despedir”.
La presentación con bombos y platillos del convenio colectivo petrolero firmado para poner en marcha el proyecto de Vaca Muerta, es un claro ejemplo de lo que venimos expresando: a través de este instrumento se eliminan (con aval sindical) derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, el derecho a considerar como parte de la jornada de trabajo el tiempo que tarda el trabajador en llegar al pozo (horas taxis), se obliga a trabajar a pesar de que los vientos sean tan fuertes que puedan poner en riesgo la salud a los trabajadores (horas viento), se eliminan horas extras, y se impone la obligación de trabajar horas nocturnas, etc.
Este convenio, debe recordarse, no es más que una imitación del ya firmado en el año 2005 por la Barrik Gold con AOMA (Sindicato Minero) para explotar la mina de oro de Veladero en la Provincia de San Juan.
El mensaje político de la firma de ese convenio es que la flexibilización, entendida como forma de eliminar derechos y condiciones de trabajo, se puede alcanzar a través de acuerdo con los sindicatos, caso contrario habrá despidos a mansalva, “obligando” así a firmar convenios a la baja de derechos y condiciones de trabajo. Por supuesto, hay otro camino, y es el de pelear por los derechos conquistados.
La denuncia del convenio colectivo de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) por parte del Estado, indica que llega el momento en que es el Estado, en su rol de empleador, el que pretende implementar este mecanismo de coartar derechos de los trabajadores a través de la negociación colectiva, forzada y apresurada por el Ministerio de Trabajo, que en muchos otros casos duerme los expedientes y se niega a negociar.
El gobierno toma así la iniciativa política, actuando como empleador, de implementar la flexibilización laboral a través de convenios colectivos, con la finalidad de imponer su conducta en el sector privado, tal cual lo hizo el año pasado despidiendo trabajadores en el sector público, trasmitiendo el ejemplo a los privados, y así como desde ATE nos opusimos y luchamos contra ello, en este momento actuaremos de la misma manera, estando al frente de la lucha en contra de estos intentos de avasallar los derechos de los trabajadores.
